El Ciudadano
Efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas de Honduras desalojaron este miércoles a 57 campesinos que ocupaban la sed del Instituto Nacional Agrario en Tegucigalpa desde el día 28 de junio, cuando el presidente electo Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado.
El gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti justificó la acción como parte del estado de excepción decretado el domingo, medida que restringe las libertades civiles y legales de los hondureños.
“Fueron desalojados 57. Esta acción es parte de lo que es el decreto, desalojar las instituciones tomadas. Esto es la primera, estamos viendo si hay más instituciones tomadas”, dijo a periodistas el polícia Orlando Cerrato, u a las afueras del instituto.
En la acción militar los campesinos no presentaron resistencia. Nadie resultó herido. Entre las 55 personas que fueron detenidas están seis mujeres y dos jóvenes menores de edad, Luis Alberto Alvarado, de 15 años y Gilberto Soto Hernández, de 17 años. La acción viola la legislación internacional de protección de niños y adolescentes.El dirigente de la Vía Campesina, Rafael Alegría, uno de los coordinadores del Frente Nacional de Resisténcia contra el Golpe de Estado, dijo en las afueras del INA que en Honduras “se ha instalado una dictadura, puede pasar cualquier cosa”, señaló Alegría al periodistas.
El dirigente campesino resaltó que es derecho legítimo de los agricultores defender la institución, creada para impulsar la reforma agraria en el país.
” Ahora los llevan presos. En este momento cualquier cosa puede suceder, es un régimen dictatorial”, afirmó Alegría.
Los agricultores ocuparon la sed del INA inmediatamente después del golpe de Estado con la intención de proteger la documentación agraria referente a la inspección de tierras ociosas, que serían entregadas con fines de reforma agraria.
Los campesinos también argumentaban temer que el régimen de facto desapareciera los títulos de propiedad que les fueron otorgados durante el gobierno Zelaya, razón por la cual decidieron tomar la sede de la institución publica.
El desalojo tuvo inicio a las 5h30 de este miércoles. Desde el domingo habían rumores de que los militares podrían invadir el edificio que se transformó en uno de los puntos centrales de la resistencia del sector agrario hondureño contra el golpe de Estado.
ILEGALIDAD
El domingo, Micheletti firmó un decreto que limita por 45 días las libertades de movimiento, reunión y de libre expresión y autoriza detenciones sin orden de detención previa. Los unicos dos medios de comunicación a favor de la resistencia contra el golpe de Estado, radio Globo y el canal de tv Cholusat Sur, fueron cerrados y tuvieron sus transmisores secuestradas por las fuerzas militares.
Desde el regreso de Zelaya al país, el gobierno de facto viene incrementando las redadas, allanamiento de residencias, entre otras violaciones a los derechos humanos, en especial, en los barrios populares.
Centenas de personas están detenidas y extraoficialmente estiman un total de 17 muertes.
“Están desesperados, están aplicando un decreto que es ilegal, que no fue aprobado por el Congreso. Es un acto fascista”, afirmó Rafael Alegría.
Las Fuerzas Armadas amenazaron con desalojar otras instituciones que vienen siendo ocupadas por miembros de la resistencia.
Alba TV Ángel Palacios desde Tegucigalpa
Militares hondureños desalojan a campesinos del Instituto Nacional Agrario, 55 campesinos están detenidos
30 de septiembre de 2009
Trabajadores portuarios de Antofagasta cumplen ocho días de huelga
El Ciudadano
El paro de los trabajadores portuarios comenzó el miércoles 23 de septiembre con la toma del puerto de Antofagasta. El viernes pasado, 10 obreros fueron detenidos por carabineros, luego de una marcha y del levantamiento de barricadas. Paralelamente, el sindicato y la empresa concesionaria mantienen una mesa de negociaciones con la intermediación de la Inspección del Trabajo. Las posiciones aún se hallan muy alejadas.
Ayer durante la mañana se efectuó una “cumbre” entre representantes de la concesionaria -Antofagasta Terminal Internacional (ATI)- y los del sindicato de muellaje, pero no lograron llegar a un acuerdo, manteniendo el paro en el Puerto por ya siete días sin actividad en el principal terminal de la región.
Si bien la movilización ha sido pacífica, con sólo algunos incidentes el viernes 25 que culminaron con 10 detenidos, la tensión está presente en el sector del puerto. Constantemente vigilados por carabineros, los trabajadores portuarios se mantienen alerta en la entrada del puerto.
Según cuenta Alejandro Arenas, vocero del movimiento portuario, las cosas volvieron a “foja cero” e incluso en las últimas conversaciones con los representantes de la concesionaria, perdieron algunos puntos que ya daban por seguros en esta negociación.
Actualmente las pérdidas son millonarias, y se espera para las próximas horas la intervención del gobernador provincial Jorge Arangua, quien haría las veces de mediador entre los trabajadores y la empresa.
De acuerdo a lo explicado el lunes por el presidente de la organización sindical, Juan Bernal, son tres aspectos específicos donde no existe acuerdo con la empresa: el monto del bono por término de conflicto, el tiempo de duración del nuevo contrato colectivo y el monto del bono por turno.
“Pese a que hemos bajado considerablemente nuestra petición original, aún estamos muy lejos en materia, por ejemplo, del bono de término de conflicto”, admitió Bernal.
PÉRDIDAS PARA LA PATRONAL
Hasta US$ 2 millones podría perder la concesionaria de Puerto Antofagasta si la huelga de sus trabajadores se prolonga por diez días. Ese cálculo se basa en que por las naves que deja de atender la concesionaria estaría perdiendo cerca de US$ 100 mil diarios.
“A eso hay que sumar las aproximadamente cinco naves que deberán mantenerse a la gira con un costo para ATI que bordea los US$ 20 mil diarios”, aseguró esa fuente, que además destacó que es precisamente durante los fines de mes cuando se concentra la mayor cantidad de movimiento portuario.
Sin embargo, la misma fuente explicó que como esa carga no saldrá por otros terminales dado el acuerdo entre los sindicatos portuarios, es muy probable que ATI logre finalmente embarcarla y así recuperar buena parte de esa eventual pérdida.
Quienes también se pueden ver afectados económicamente con esta paralización son las empresas mineras que embarcan sus productos por este terminal y que deberán pagar multas por esos incumplimientos.
Entre estas últimas estarían Lomas Bayas, Manto Verde, Barrick Zaldívar y Mantos Blancos. En la actualidad -según fuentes sindicales- hay detenidas 12 mil toneladas de concentrado de cobre y 21 toneladas de cobre a granel.
Otro de los perjudicados con esta movilización son los operadores del Terminal 1 (Sitios 1, 2 y 3).
Al respecto, el empresario naviero Miguel Bascuñán comentó que “esta huelga nos afecta en vista que los trabajadores no permiten el ingreso al terminal multioperado. La base de operaciones de nuestra lancha de prácticos, por costo está en el terminal monooperado, donde nos cobran estadía y no podemos ingresar para suministrar combustibles, y así no podemos cumplir con los compromisos de naves en terminales”, explicó.
La nave “Austin Angol” no pudo ingresar para cargar 9 mil toneladas de cobre en cátodos mientras que la nave “CCNI Mejillones” que permanecía a la gira fue desviada hacia Puerto Mejillones. Esta última, tenía previsto embarcar cobre y contenedores.
El conflicto también paralizó los envíos de cobre desde Manto Verde (Tercera Región) e impidió la operación de los trenes del FCAB, así como de las empresas de servicios portuarios tales como arriendo de grúas, lanchas y otros.
MARCHA Y BARRICADAS
Cerca de las 18 horas del pasado viernes 25 los ánimos se empezaron a encender, y algunos trabajadores comenzaron a levantar barricadas en el sector de Avenida Grecia, frente al puerto, impidiendo el paso de los vehículos que a esa hora transitaban por el lugar.
De inmediato se activó la alarma de Carabineros, que desplegó en el lugar un piquete de fuerzas especiales para dispersar la movilización, que culminó con un enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, obligando a la fuerza de orden a lanzar al menos 10 bombas lacrimógenas.
Peatones que transitaban por el sector, se vieron afectados por el humo de estas bombas, mientras que los portuarios reaccionaron ante el ataque. El saldo de este enfrentamiento fue de 10 detenidos por desórdenes en la vía pública, mientras que no se registraron daños mayores a la propiedad.
Juan Bernal, representante de los trabajadores portuarios señaló que la acción de carabineros contra ellos fue desmedida, mientras que el prefecto Rolando Urmeneta, explicó que el procedimiento está dentro del marco legal ante incidentes de este tipo.
PETITORIO LABORAL
Alejandro Arenas Cortés, tesorero del sindicato de muellaje, dijo que el principal punto de conflicto es la falta de respuesta a la petición por un bono de término de conflicto.
Explicó que los trabajadores piden un aporte de 3 millones de pesos mientras que la empresa sólo ofrece un millón de pesos como préstamo reembolsable en la negociación colectiva. Insistió que el personal rechaza cualquier préstamo y sólo aspira a obtener un contrato por dos años y un aumento en las remuneraciones.
Desde la compañía se emitió un comunicado en el cual “lamenta la decisión tomada por sus dirigentes sindicales, puesto que se han realizado todos los esfuerzos necesarios por lograr la conformidad en sus demandas”.
La huelga afecta a 135 trabajadores sindicalizados y unos 60 eventuales. También apoyan este movimiento los afiliados al sindicato Loa con 80 asociados.
Arenas dijo que en el actual proceso de negociación colectiva contiene una petición destinada a incrementar los sueldos base, bono por término de conflicto y otras regalías.
A modo de ejemplo, reseñó que un estibador percibe alrededor de 400 mil pesos mensuales. El tercer turno de las 23.00 hasta las 6.30 horas del día siguiente es compensado con un bono de 3 mil 600 pesos. Esta cantidad es considerada insuficiente por los huelguistas.
Explicaron que las bases acordaron mantener el movimiento e insistieron que la vigencia del nuevo contrato colectivo debe ser por dos años y no tres como plantea la empresa.
Desde el jueves de la semana pasada se instaló una mesa de negociaciones en dependencias de la Dirección del Trabajo, que interpuso sus buenos oficios en este problema laboral.
El pasado miércoles 23 de septiembre, los operarios bloquearon desde las 6.30 horas los dos accesos al terminal portuario (ATI-EPA) y a las 11.30 horas realizaron una protesta y marcha frente al puerto.
Fuentes: El Nortero / El Mercurio de Antofagasta
FOTO: John Yevenes Chodil/El Nortero
Comunicado:
Impulsemos un Comité de Apoyo a la Lucha De Los Trabajadores Portuarios y Plan de lucha Contra la Represión.
La huelga de los portuarios Antofagasta lleva más de 6 días, en donde sus principales demandas son mejoras salariales que por años les han sigo negadas.
El viernes recién pasado ante el “ultimátum” de la empresa en torno a aceptar lo que ésta ofrecía, amenazando de volver al punto cero si no aceptaban las migajas de la empresa, es que los trabajadores decidieron radicalizar su lucha mostrando su descontento, armando barricadas y marchando por el centro de la ciudad.
La respuesta no tardó en llegar por parte de los empresarios, el gobierno y su policía reprimiendo fuertemente la huelga con un fuerte contingente policial de cerca de 90 carabineros, carros lanza aguas y un excesivo uso de gases lacrimógenos.
Es por esto que desde Las Armas de la Crítica creemos que es necesario hacer un plan consciente contra la represión.
TENEMOS QUE APOYAR LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS, es necesario que apoyemos esta lucha con un Comité de Apoyo, ya que estamos atravesando una crisis profunda del capitalismo, donde los mismos que produjeron la crisis, los empresarios, la tratan de descargar hacia los trabajadores, los estudiantes y el pueblo pobre, reduciendo salarios, despidiendo pero también precarizando más la educación, privatizándola con la ley de autofinanciamiento que permite que suban los aranceles, y no sólo eso, sino que también cuando hay luchas, negocia con represión.
Creemos que es necesario que junto a los trabajadores golpeemos esta crisis, para que no la paguemos nosotros sino que la paguen los capitalistas. Los despidos, la precarización del trabajo y la educación y la represión han sido medidas que las patronales, el gobierno de la Concertación y la derecha ha hecho para descargar la crisis en nuestros hombros es por esto que creemos necesario levantar en cada Universidad, en cada Liceo y lugar de estudio un Comité de Apoyo a la Lucha de los Trabajadores y el Pueblo Pobre que coordine la solidaridad activa, organizando tarreos para el fondo de huelga, pegando lienzos y declaraciones en apoyo, yendo a la huelga para solidarizar con los trabajadores, foros para difundir el conflicto, etc.
Esto en la perspectiva de que la crisis la paguen los capitalistas.
Llamamos entonces para coordinar todo esto a una reunión abierta para el día miércoles 30 de septiembre a las 12 hrs. en las afueras del casino de la Universidad de Antofagasta.
www.armasdelacritica.cl/
Democratizar las comunicaciones: un desafío urgente para los DDHH en Chile
Nanette Liberona
Rebelión
Tras los esfuerzos por mantener en pie un proyecto colectivo que busca fortalecer la conciencia y la cohesión social, más las experiencias locales adquiridas como la de haber logrado integrar a vecinos de diversas edades en la producción de una comunicación independiente. Al día de hoy, es mucha la impotencia que han acumulado en el curso de este año los comunicadores sociales del mundo popular. Esto es debido a que, a la fecha, se han podido constatar, en diferentes regiones de nuestro país, varios casos de cierre de medios de comunicación comunitarios. Tales como los que se señalan a continuación: En agosto, se formalizó al representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias correspondientes. A éste se suman, el cierre de las radios Conexiones y Renacer de Lota, VIII región, y de Radio Galactika de San Antonio, V región. La incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15 de Valparaíso, V región, siendo también amenazada la radio Placeres de la misma ciudad. Así como el hostigamiento y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro Aguirre Cerda. Las acciones judiciales en la mayoría de los casos han sido presentadas por la Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI, gremio que agrupa principalmente a los empresarios de la radiotelefonía. Todas fueron acusadas por el artículo 36 B de la Ley de Telecomunicaciones, que otorga penas de hasta 3 años de prisión, multas de hasta 140 millones de pesos y la incautación de los equipos.
Por otra parte, este año también sufrieron hostigamiento y represión medio televisivos como: Umbrales TV, canal de televisión popular de Villa Francia y el canal comunitario de Malloco NDTV. En agosto, la Subsecretaria de Telecomunicaciones solicitó a la Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu demostrar su autorización para operar; las características técnicas del sistema radiante y del transmisor utilizado; y la frecuencia de operación del sistema y horarios de transmisión del Canal 3 de Pichilemu, VI región. Lo mismo ocurrió al Centro Cultural “Red Comba TV”, IV región, cuya demanda fue imputada a su presidenta, por el delito de operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva, previsto y sancionado en el artículo de 36 B letra a) de la Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, la misma utilizada para las radios. Sin embargo, esta ley no rige a los canales comunitarios. En Chile no existe una legislación específica para éstos, por lo tanto, no pueden ser ilegales ni legales. A pesar de esto, a los dos canales se les ha prohibido transmitir, siendo amenazados de cierre.
Si bien la Cámara de Diputados acaba de aprobar el Proyecto de Ley que crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, presentado como un proyecto que favorece la existencia de radios comunitarias, esta nueva ley limita más bien su funcionamiento y condiciona su existencia al control del Ejecutivo. Ahora, se les exigirá la posesión de una personalidad jurídica, responder a ciertos grupos estipulados por la ley, debiendo algunos ser reconocidos como tales por otros cuerpos legales y visados por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, y en el caso de los pueblos originarios, por la D.O.S. Además, se mantiene lo dispuesto por la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada en 1982 durante la dictadura de Pinochet para silenciar a las radios opositoras.
Por otra parte, actualmente se discute en el Parlamento, la adaptación de la Ley de Televisión Nacional en su traspaso a la norma Digital, tecnología que se introduce en todo el mundo, y que el gobierno de Chile, después de años de indecisión, acaba de optar para esta, por la norma japonesa. Ante el conocimiento de este proyecto de ley, en abril, la Red de Televisiones Populares (RTP) manifestó su preocupación a la presidenta, ya que el proyecto inicial no incorporó en su elaboración la participación de todos los actores involucrados, y no menciona a las televisiones comunitarias, por lo que se solicitó una audiencia que aun no se ha llevado a cabo. Sin embargo, la RTP elaboró indicaciones al proyecto de ley, con el fin de incorporar sus propuestas, lo que les permitió ser invitados al Parlamento y escuchados por la Comisión de Ciencia y Tecnología en Julio.
Pero mientras se avanza por un lado, se retrocede por otro, en Agosto, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá y la Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Vivian Heyl, celebraron la firma del Convenio que crea el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional y que permitiría dar cumplimiento a la Ley de Prensa, ceremonia a la cual no se informó a tiempo a los medios comunitarios e independientes, siendo invitada la RTP el día anterior y anulada dicha invitación ese mismo día. Este vergonzoso hecho demostró claramente la autenticidad de la intención pluralista del gobierno, aunque la ministra se comprometió a recibirlos prontamente.
En cuanto a la Ley de Prensa, es evidente que la prensa escrita está considerablemente afectada por la falta de pluralismo informativo y por la pésima distribución del avisaje publicitario estatal, concentrado en dos grandes conglomerados. Pero las evidencias no pueden quedar silenciadas tan fácilmente. La valentía la tuvo la revista Punto Final que demandó hace un año al Estado chileno por discriminar a los medios independientes en la distribución del avisaje. En la ultima audiencia a principios de septiembre, ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Gonzalo Velásquez, que representa los intereses de los ministerios de Hacienda, Justicia y Mideplan, aseguró que “los ministerios demandados se han ceñido de manera estricta a la ley” . Esta iniciativa es de gran importancia, puesto que abre el debate a la opinión pública chilena y también por que incluye la mirada del derecho internacional de los derechos humanos.
Y si de DDHH hablamos, podemos agregar la persecución y/o amedrentamiento a los comunicadores sociales, todos los golpes y vejaciones que reciben regularmente reporteros, fotógrafos y camarógrafos cuando cubren manifestaciones públicas. Y es que en Chile los DDHH no terminan de violarse. Recordemos también que recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados una ley que restringe las libertades democráticas, responsabilizando civilmente a organizadores de manifestaciones en el espacio público donde se produzcan “desordenes o desmanes”. ¡Qué ejemplo más fiel de la nula libertad de expresión que se puede ejercer en nuestro país! Al mínimo intento de expresar una reivindicación los administradores del país protegen sus arcas, sus puestos y sobretodo su imagen, sacando los perros a la calle, soltando a los dragones, lanzando a sus fuerzas a enfrentar a la ciudadanía para aplicar toda la violencia e inhumanidad que permite el control del espacio público.
Es así como son violentados los DDHH de los pueblos, nuestros derechos colectivos a ser consultados, a ser partícipes de las políticas públicas, a opinar y decidir sobre el destino de los recursos naturales de los territorios que nos pertenecen; por ser parte de una nación o de un pueblo originario. Son derechos consagrados en las convenciones internacionales de DDHH, algunas ratificadas por Chile, para mostrarse como un país democrático a los ojos del mundo. Pero, qué sabe el mundo cuando la imagen que ve de Chile es lavada, maquillada y estilizada por la mayoría de los medios de comunicación oficiales y masivos, nacionales y extranjeros. Prácticamente son los sitios de Internet, blog’s y listas de correos electrónicos, los que logran hacer circular la información sobre las violaciones a los DDHH en nuestro país; las de primera generación, como son el derecho a la vida que se ve afectada con la represión policial, con la privatización del agua, con la contaminación del mar. Por eso, es preciso hablar de violaciones a los DDHH también cuando se trata de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son por ejemplo los derechos a la salud, a la vivienda. Y también de los Derechos de los Pueblos, que son aquellos que surgen de éstos mismos, dando reconocimiento y dignidad a comunidades, a naciones y que contribuyen de forma colectiva a mejorar la calidad de vida de los pueblos y a respetar las diferentes visiones del mundo.
El derecho a la comunicación es uno de éstos últimos. En América latina este es un derecho emergente, fruto de la tendencia regional a abrir mayores espacios democráticos y como una consecuencia del surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC). Este hecho ha transformado las relaciones humanas, las estructuras socioeconómicas, las interacciones dentro de las comunidades y las proyecciones políticas de forma tan considerable que la información ha pasado a ser el centro de la organización social y fuente de riqueza y poder. “Dada la importancia de las NTIC para la sociedad, el acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento producido por esta misma debe convertirse en un derecho para todas las personas, que no puede estar sometido a las leyes del mercado y que requiere de una protección jurídica especifica” .
Por estos motivos, las iniciativas de la Red de Televisión Comunitaria (RTP) y Red de Medios de los Pueblos (RMP) se vuelven indispensables. La decisión de apoyarse mutuamente y generar mecanismos para ejercer sus derechos, generando lazos a lo largo de todo el país, ha demostrando que la unidad y la organización son indispensables en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Para continuar ejerciendo una labor social, sin fines de lucro, informativa, educativa y de desarrollo local que practican los medios de comunicación comunitarios. Es así como, la presencia de la RTP en el seminario de TV digital organizado por el Centro de Políticas Publicas de la Universidad Católica, y de la RMP en el Foro de la Libertad de Expresión organizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, son iniciativas trascendentales para posicionarse en la discusión a todos los niveles y escenarios. En el primero, se interrogó al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, al Subsecretario de Telecomunicaciones y al Vicepresidente del Consejo nacional de televisión sobre el cierre de los canales comunitarios. En el segundo, se denunciaron los casos aquí mencionados ante la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.
Hoy es urgente impulsar estas iniciativas y reconocer que la sociedad civil es capaz de expresar sus reivindicaciones y generar propuestas. Por lo que uno de nuestros desafíos actuales para los DDHH en Chile es que la comunicación sea considerada como un derecho fundamental, que se distribuya el espectro radioeléctrico equitativamente en tres tercios (publico-estatal, privado y comunitario) y que el Estado asegure el acceso a todos los ciudadanos al uso y a los recursos de las NTIC’s.
Quiénes apoyan al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti
Decio Machado
Rebelión
Honduras es uno de los países más pobres del continente americano (el tercero en el ranking de pobreza). El 63% de las familias hondureñas sufre desnutrición y miles de niños y niñas viven en la calle.
En 2006 Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. La consecuencia de dicha firma para el país centroamericano, quien lo suscribió con pretensiones de aumentar sus exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, fue que éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del norte. La agricultura hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba, y se perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos genéricos, como condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC.
A través de un particular proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en 2008, Honduras ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se incorporó al ALBA.
La versión oficial para el golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de modificar la Constitución y se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En resumen, la oligarquía hondureña, el poder eterno del país, pretendía que Mel Zelaya fuese presidente pero sin gobernar.
La posición firme de Zelaya ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como "tozudez" por parte de las élites centroamericanas y la rancia oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo calificativos de “populista” (consecuencia del incremento del salario mínimo y de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la finalidad de ver si la población quería un cambio constitucional). La estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias concluyó en un golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y argumentaciones poco creíbles. Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos.
Lo sucedido en Honduras ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida clase media con pretensiones de ser rica.
¿Quiénes apoyan a Micheletti y al gobierno de facto?
La experta en temas militares hondureña, Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo dudas en referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La Prensa´, ´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”.
Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la campaña que el último año promovió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Zelaya, y que sostenía reuniones desde el año anterior con John Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando este era secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.
El grupo al que hace referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y ´Canal 11´. El resto de familias que componen la oligarquía hondureña, controlando el 90% de la riqueza del país, y que apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el contructor Rafael Flores, entre otros. Dentro de la trama golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.
En este sentido, no es de extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en primer lugar apoyaron el golpe de Estado y del gobierno ilegítimo, calificando al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.
Así lo aseguró Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62 asociaciones gremiales. Según este magnate del sector de la construcción hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho precario…, porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia a la consulta popular auspiciada por el destituido presidente Zelaya con respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo propio de un golpista, se declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo con el gobierno para apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".
Otro destacado dirigente empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática (organización que apoya socialmente al gobierno golpista). Según Facussé, “Ha habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no quería respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de Miami al de San Pedro Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado con la palabra “Inadmisible”.
Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona norte y la más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en otro comunicado, en el cual invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la democracia”.
Estos tres personajes forman parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la Unión Cívica Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de los sostenes internos más importantes para el gobierno de facto.
El poder empresarial golpista hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un holding de empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en los siguientes ámbitos:
- En el ámbito de los diarios, revistas y productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de Jorge Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos Claro, Hablemos Claro Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong Arévalo.
Por otro lado, la constitución interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por un lado, la máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía acomodada liderada por la esposa de Carlos López, “canciller” de Micheletti, Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada. Las bases no existen y los movilizados provienen de sectores marginales de Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además de una camiseta blanca.
En el liderazgo de estos grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que manejando fondos inicialmente procedentes de la empresa privada y posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen previamente del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos.
También destacan entre los apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por el Congreso dirigido en su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores Facussé.
También es reseñable la Iglesia católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del golpe de Estado en Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 11 obispos que integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña, se posicionaba claramente a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti, haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no volver a Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.
Con el Ejército como principal valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la Policía de la brutal represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El presidente de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de agosto, la bandera hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición” de su Gobierno.
¿Y en el ámbito internacional?
Aunque el rechazo al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido los 192 países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al presidente de facto en Honduras.
Según El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al contundente rechazo de la comunidad internacional.
El gobierno de Colombia, a pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el pasado 20 de julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, Carlos López, y el presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo” según confesaba días después el propio canciller ilegítimo hondureño.
López no tuvo recato en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza para las naciones, para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio obligado a reconocer que la reunión existió, que fue secreta, pero en su descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del primer mandatario costarricense.
De igual manera, aptitudes contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que “en Honduras he visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, si no a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, en este caso Manuel Zelaya.
La derecha más reaccionaria de América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de Micheletti. Entre ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal Lucía Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe de 2002 en Caracas que sacó del poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del Castillo, quien también se manifestó públicamente indicando que lo habito en Honduras “mas que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa.
En Venezuela, Globovisión, cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por Hugo Chávez, también han manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el pequeño país centroamericano. Los conductores de los diversos programas de Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio, acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”, indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.
Ese mismo día, el dueño de Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A., admitió que la empresa automotriz que dirige especula con los precios de los vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo”, afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de ocultamiento 24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los empresarios como él especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio oficial (Bs 2,15) por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente que “los concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética empresarial que caracteriza a empresarios de esta calaña.
En los Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del mundo de la política.
La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas militares en Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José Manuel Zelaya del poder.
Esta congresista estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en el caso Elián, no tuvo ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y a las leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos institucionales”.
Ros-Lehtinen apoyó el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso por dar su voto a todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos progresistas de América Latina.
También el senador estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, argumentó que el presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha exigido al presidente Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a la gente de cualquier país que estén luchando por los mismo valores que compartimos y defendemos en EEUU”.
En la actualidad, DeMint mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU. DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom Shannon, seleccionado por el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo para el cual el mandatario nombró a Valenzuela.
El bloqueo de un nombramiento es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro del complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que cambie la postura de la Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron fuentes de su oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.
Este senador está asociado con el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización internacional política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en Honduras en la década de los 80, cuando el entonces embajador estadounidense, John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones paramilitares contra el sandinismo y los movimientos revolucionarios en Centroamérica.
El movimiento “La Familia” está incorporado en EEUU como una organización libre de impuestos, operando bajo el nombre de la Fundación Fellowship. Mientras que ellos no conducen operaciones de recaudación de fondos, reportaron ingresos de más de $12 millones en el 2003 en donaciones. Su misión, según su acta fundacional, consiste en: “desarrollar y mantener una asociación informal de grupos de personas, para salir como `embajadores de reconciliación`, modelando los principios de Jesús, basados en el amor a Dios y a otros”. Los grupos de este movimiento se han reunido en el Pentágono y el Departamento de Defensa, y tienen conexiones directas y claras con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
DeMint es uno de los integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que cuestionan la posición del presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder conservador en la Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton la necesidad de reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración Obama respecto a Honduras.
También el congresista republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, según el cual "la destitución del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos respetar", aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país.
Durante su discurso, el congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios hondureños, reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.
De acuerdo con The Washington Post, para los “halcones” conservadores, sostenes del gobierno golpista de Micheletti, “Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder”.
En la ambigüedad en ocasiones y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con respecto a Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se podía leer que “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Honduras”, y prosigue indicando que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.
Lo más espectacular del editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto “junto a Naciones Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe leerse “en el contexto del chavismo latinoamericano”.
El diario conservador estadounidense indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para ayudar a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su parte, ha intentado utilizar “procedimientos ilegales para forzar al Congreso a que reforme la Constitución”.
El editorial concluye indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la región y en Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el dinero y los agentes de Chávez, se alcance una subversión antidemocrática similar en el país”.
El gobierno golpista contrató inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado más de 290.000 dólares, y su función ha sido fundamentalmente desarrollar cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.
En Europa, la fundación alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata Liberal), fue denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno golpista que encabeza Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da cobertura Carlos Alberto Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La FNS también desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
En julio 2007, la agencia alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS “iniciaba un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas neoliberales a través de América Latina dando una atención especial a las fuerzas opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red Liberal de América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46 organizaciones de 17 países.
En Bolivia sin ir más lejos, RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE tiene la característica de exhibir esvásticas en sus manifestaciones.
En el ámbito de las fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), encabezada por el ex presidente José María Aznar. Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe como una acción de defensa legítima de la libertad y la democracia.
La FAES considera que "la salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal".
A primeros de septiembre, el Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó mantener a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, terminología eufemística que utiliza la UE para definir sus TLCs.
En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su intento de dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE.
Según fuentes del COLAT, la Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron en julio pocos días después de la destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba previsto concluir las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación entrara en vigor en 2010.
Al mismo tiempo que el gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando que el Acuerdo de Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán la presidencia de la UE en el primer semestre del año que viene, los países centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con Honduras, tras la declaración condenatoria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
La presencia del gobierno de facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento implícito de todos los países ssentados en las mesas de negociación.
Pero las prisas tanto de la UE como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha conllevado a que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo.
“Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
El ministro costarricense indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras fuera del acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que se fuera al traste las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE la sentase en la mesa de negociación aunque fuera a cambio de vender el país aun más a intereses extranjeros.
¿Y las transnacionales?
El Canal 36 de Honduras, denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de televisión, quienes eran antes patrocinados por la empresa y ahora –a raíz de su posición crítica hacia el gobierno de facto- se han quedado sin patrocinio.
En las diversas manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado 27 de julio, los manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa, expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha compañía al gobierno golpista.
Según voceros de Radio globo, pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes clientes” para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la Resistencia Nacional. La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de abonados celulares en el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36 y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y ciudadanas que denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.
En un artículo publicado el 18 de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100 personas consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el cubano de Miami Antonio Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.
TIGO es subsidiaria de Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido protagonista de un escándalo de corrupción en Costa Rica durante el primer mandato de Oscar Arias.
TIGO.Millicom es propiedad del grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael Grahne y en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa sueca de trenes SJ.
¿Y las instituciones de Bretton Woods?
A pesar del pronunciamiento internacional e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150 millones de dólares del FMI como parte de un programa para suavizar el impacto de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central. Todo ello a pesar de que otros organismos internaciones suspendieron su ayuda al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.
El Banco Central de Honduras, indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de dólares de DEG en las próximas semanas.
Honduras, que fue suspendida de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco Mundial –calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de dólares.
La Resistencia desafía al Decreto Ejecutivo que coarta la libertad de manifestarse
Evacuan a dos personas de la embajada de Brasil
Giorgio Trucchi
Rel-UITA
Después del ominoso cierre de Radio Globo y Canal 36, el gobierno de facto militarizó las calles alrededor de la Universidad Pedagógica para impedir que miles de hondureños marcharan para celebrar tres meses de resistencia pacífica contra el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
Desafiando el despliegue masivo de efectivos militares y policiales, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado se mantuvo firme en su rechazo al ilegal Decreto Ejecutivo que cercena las más importantes libertades individuales y colectivas del pueblo hondureño, y aunque por primera vez no pudo recorrer las calles de Tegucigalpa, la gente desacató la orden de desalojo y se tomó la avenida frente a la Universidad, algunos sentándose en el piso, otros coreando canciones y consignas, y muchos preparándose para lo peor.
Decenas de miembros del Comando Especial “Cobra” (COECO) ya estaban listos, con sus máscaras antigas, toletes y armas largas, respaldados por una tanqueta lanza-agua, pero afortunadamente la orden de desalojo nunca llegó y las partes pudieron llegar a un arreglo que evitó lo que podía desembocar en una verdadera masacre.
Minutos después, miembros de la dirección colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado brindaron una conferencia de prensa en la que dieron lectura al Comunicado número 26 en el cual, amparados en el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras, condenaron, rechazaron y desconocieron “la totalidad del decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, divulgado en cadena nacional el lunes 27 de septiembre de 2009 por el régimen de facto de Honduras, mediante el cual intentan restringir las garantías constitucionales de la población hondureña en resistencia, durante un período de 45 días, siendo esto una demostración más de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura encabezada por Roberto Micheletti y sostenida por el Ejército y la Policía nacional, con el financiamiento de la derecha empresarial”.
Según el comunicado, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado condena y rechaza también “el cobarde asalto armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de Cholusat-Sur Canal 36 y Radio Globo, medios de comunicación independientes que han acompañado la lucha popular contra el golpe de Estado, divulgando nacional e internacionalmente los hechos nefastos acaecidos en este período oscuro de la historia nacional, por lo cual declaramos nuestra solidaridad y apoyo en todas las formas posibles a nuestro alcance”.
Finalmente, exhortaron al pueblo hondureño en Resistencia a no dejarse atemorizar “por las acciones ilegales del régimen golpista, que intenta a toda costa paralizar la lucha popular para consolidarse en el poder y continuar con el desprecio, explotación y humillación a que nos han tenido sometidos”, concluye el comunicado.
Para el líder sindical y miembro de la conducción del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, “ese Decreto Ejecutivo es la demostración manifiesta de quiénes son los que están generando la represión y la violencia.
Nos están prohibiendo manifestarnos, sin embargo estamos desafiando este decreto y vamos a permanecer aquí a defender la Patria, el pueblo y los intereses colectivos. A partir de hoy, por decreto de la resistencia, todos los días vamos a reunirnos aquí en la Universidad Pedagógica”, concluyó Barahona.
Al terminar la actividad, los centenares de personas que aún permanecían en el lugar se dirigieron caminando en columna hacia los locales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), de donde salieron para participar masivamente en el entierro de la joven Wendy Elizabeth Ávila, miembro de los motoristas de la resistencia y nueva víctima de la represión militar.
Más represión
En medio de una campaña de terror orquestada por el gobierno de facto, en Honduras siguen los actos represivos.
Según informaciones brindadas a este corresponsal, el joven periodista del diario El Libertador, Delmer Membreño, fue capturado ilegalmente por las fuerzas militares mientras iba a cubrir el ataque a Radio Globo, y fuertemente golpeado y torturado apagándole varios cigarrillos en su cuerpo, antes de ser abandonado en la orilla de una carretera.
Mientras tanto, miembros de una delegación de observadores de Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala y España fueron objeto de un ataque con gases por parte de la Policía, provocando en la personas un fuerte malestar. Esta acción fue denunciada ante organismos de derechos humanos de Honduras.
Con respecto a la denuncia de los días pasados relativa al uso de productos químicos en la embajada de Brasil para afectar al presidente Zelaya y las demás personas que ya tienen nueve días de estar encerradas, expertos que pidieron el anonimato realizaron exámenes exhaustivos y relevaron fuertes concentraciones de Cesio 132, Cloroacetofenona y Ortoclorobencilidenmalononitri lo (agentes lacrimógenos usados sobretodo en represión de disturbios).
En las últimas horas dos personas fueron evacuadas por su delicado estado de salud.
Fuente: http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/la_resistencia_desafia_el_decreto.htm
“Cristianos de base y marxistas tenemos que volver a unirnos para transformar el mundo”
29 de septiembre de 2009
Intervención durante la presentación en Madrid del libro “Un sacerdote junto al pueblo. Chile: 1965-2009”, de Jesús Rodríguez, el 25 de septiembre
Mario Amorós
Rebelión
Jesús Rodríguez Iglesias: Un sacerdote junto al pueblo. Misión y profecía. Chile: 1965-2009. Editorial Entimema. Madrid, 2009. 221 páginas.
Conocí a Jesús Rodríguez en agosto de 1999. Me encontraba en Chile y tenía que hacer una investigación para mis cursos de Doctorado en la Universidad de Barcelona (UB). Decidí entonces realizar un trabajo de historia oral sobre las estrategias de supervivencia en la población La Victoria, de Santiago de Chile, durante la dictadura militar. El modelo neoliberal, impuesto por la dictadura de manera brutal a partir de abril de 1975, condenó al hambre y a la miseria a las grandes mayorías. Por Pepa Llidó, sabía que Jesús era el párroco de esta combativa población, surgida de una toma de terrenos el 30 de octubre de 1957 y que durante la dictadura fue uno de los símbolos de la resistencia contra el fascismo, debido a la gran movilización popular y también al asesinato de su párroco, el cura francés André Jarlan, en septiembre de 1984 por disparos de Carabineros.
Acompañado por Jesús, una tarde de agosto de 1999 recorrí las calles de La Victoria, donde él trabajó durante varios como párroco, paseé por la emblemática avenida 30 de Octubre y por las calles que llevan nombres tan vinculados a la historia del movimiento popular chileno como la calle Galo González (secretario general del Partido Comunista de Chile cuando se produjo la histórica toma), Baldomero Lillo (autor de Sub terra, novela que retrata las duras condiciones laborales de los mineros del carbón) o la calle Unidad Popular. Visité también la que fue habitación de André Jarlan, convertida desde hace años en un lugar de peregrinación para muchas personas de países muy lejanos y también de Chile, claro.
Jesús me puso en contacto con varias mujeres de la población que durante los años 70 y 80 participaron en los comedores populares, en las ollas comunes o en sistemas como el “Comprando juntos”. Mujeres como María Elena Araya, Victoria Plaza o Eliana Olate, que denunciaron con sencillez y una gran lucidez las políticas de la dictadura que les condenaron al desempleo y el hambre. Sus voces quedaron recogidas en el trabajo “Hasta La Victoria siempre” y en mi libro Después de la lluvia. Chile, la memoria herida, ambos disponibles en el periódico digital Rebelión.
Desde entonces, siempre he estado en contacto con Jesús, a quien entrevisté en distintos momentos para medios de comunicación como la revista Noticias Obreras, de la HOAC, o para La Voz de Galicia, en septiembre de 2003 con motivo de los treinta años del golpe militar. El pasado año volvimos a encontrarnos en Chile, en la casa donde vive el sacerdote jesuita José Aldunate, una persona de una estatura moral gigantesca, quien, como Jesús, también se preocupó siempre de rescatar el trabajo de Antonio Llidó en Chile.
Conocí a Jesús Rodríguez de la mano de Pepa Llidó, la hermana de este cura valenciano asesinado por la dictadura de Pinochet, el único de los seis sacerdotes muertos por su régimen que es un detenido desaparecido. Fue secuestrado por la DINA el 1 de octubre de 1974 y sacado de la celda 13 de Cuatro Álamos “alrededor” del 25 de octubre de aquel año. Al trabajo y la lucha de Llidó en Chile dediqué la investigación de mi tesis doctoral en la UB y publiqué una síntesis de la misma en 2007 con el título Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 360 págs.).
Quiero destacar, como lo hice el miércoles durante la presentación del libro en Valencia en presencia de los familiares y amigos de Antonio, que, en los tiempos más duros de la represión, Jesús Rodríguez fue una de las personas que en Chile intentó encontrar información sobre la situación de Antonio Llidó. En aquel tiempo la creencia más asentada entre los familiares de los desaparecidos era que éstos estaban detenidos en algún lugar secreto, aún no podían concebir que habían sido asesinados y menos todavía con la crueldad con la que hoy sabemos que lo hicieron. A principios de 1975, al conocer su desaparición, Jesús decidió reunirse con otros curas españoles con la intención de recopilar información y emprender alguna acción para averiguar su paradero.
Jesús Rodríguez declaró el 4 de septiembre de 2003 ante el juez Jorge Zepeda en el proceso abierto en Chile por la desaparición de Antonio, por el que en septiembre de 2008 fueron condenados a penas de cárcel algunos de los más importantes mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional. El miércoles en Valencia, los amigos y familiares de Antonio expresaron a Jesús su reconocimiento por su compromiso con la vida y la memoria de Antonio, un ser humano excepcional, un militante revolucionario ejemplar (en su caso en las filas del MIR) y un sacerdote que en las casas de tortura de la DINA insufló ánimos a sus compañeros de martirio, a pesar de las horribles torturas que padeció. A pesar de todo ello, el Arzobispado de Valencia, al que pertenecía, mantiene hasta el día de hoy un ominoso silencio en torno a su desaparición.
Respecto al libro, dejaré la explicación de su contenido a Jorge Orellana y a Jesús. Sí quiero decir que me parece relevante hacer referencia a los autores del prólogo, monseñor Alejandro Goic, y de la presentación, Andrés Aylwin.
Goic, presidente de la Conferencia Episcopal chilena, sacudió la agenda política chilena en el invierno austral de 2007, cuando habló de la necesidad de instaurar un “salario ético” en Chile, en una crítica velada a las consecuencias del modelo neoliberal. Hacía mucho tiempo que un obispo chileno no hablaba en esos términos y de inmediato, la derecha y, cómo no, El Mercurio criticaron sus palabras.
Y el autor de la presentación, Andrés Aylwin, fue uno de los trece dirigentes del PDC que el 13 de septiembre de 1973 suscribió una declaración de condena del golpe de estado y de respeto al Presidente Salvador Allende y uno de los abogados de derechos humanos que más trabajó durante la dictadura por defender la vida y la dignidad humana ante la barbarie.
Goic, y sobre todo Aylwin, quien presentó este mismo libro en Santiago de Chile en abril de 2008, destacan que el libro de Jesús es un testimonio importante de cómo se vivió en las poblaciones la represión de la dictadura. En la página 15 del libro, Andrés Aylwin escribe: “Se trata de un libro testimonial de gran autenticidad, profundamente humano, en muchos aspectos conmovedor. Digamos, además, un libro necesario en lo que se refiere a la descripción de lo que sucedió en Chile en las poblaciones periféricas de Santiago, y en el resto del país, a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.
Y a ello me hacía referencia precisamente hace unos días en un correo electrónico un compañero de Antonio Llidó en el MIR en Valparaíso, al recordarme que siempre se habla de la represión contra los partidos y sus militantes clandestinos y a veces, en cambio, se olvida la represión tremenda y casi cotidiana en las poblaciones. Y de ello el libro de Jesús ofrece una amplia información a la que seguramente después se referirá.
Por último, y antes de ceder la palabra, quiero dar algunos apuntes sobre el contexto histórico en que se enmarca el libro en los capítulos que se refieren a Chile:
1. Jesús Rodríguez llegó a Chile el 18 de agosto de 1965. En aquel tiempo, gobernaba en el país por primera vez el PDC, que contaba con el apoyo tácito de la jerarquía católica y la mayor parte de los sacerdotes y religiosos. En abril, se dio un hecho relevante: en la manifestación de condena de la invasión estadounidense de la Rep. Dominicana, por primera vez marcharon juntos marxistas y católicos, según Pablo Richard.
Era el tiempo del Concilio Vaticano II. Después, en agosto de 1968, coincidieron la Conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín, la toma de la Catedral de Santiago por el movimiento Iglesia Joven; en mayo de 1969, la fundación del MAPU, una escisión del PDC, que participó en octubre de aquel año en la constitución de la Unidad Popular. Del anatema que estigmatizaba a la izquierda marxista como la encarnación de todos los males, se pasaba a un fértil diálogo que alumbró la unidad, en el seno del pueblo, entre los marxistas y amplios sectores cristianos. Asimismo, las comunidades cristianas de base conocían una etapa de gran desarrollo, mientras que la Teología de la Liberación y su “opción prioritaria por los pobres” empezaba a tomar cuerpo.
2. Al contrario que otros sacerdotes extranjeros (entre ellos, muchos holandeses y catalanes), Jesús Rodríguez no tomó parte en la política chilena a través de la militancia política o sindical. En este sentido, su libro ofrece una vivencia distinta a la de Miguel Woodward, Joan Alsina, Antonio Llidó, Francesc Puig o Ignasi Pujades, por citar aquéllos de los que conozco trabajos publicados acerca de su vida en Chile.
Estos cinco curas fueron militantes de Cristianos por el Socialismo y apoyaron expresamente al gobierno de Allende. Y, en el caso de Miguel y Antonio (ambos asesinados por la dictadura), asumieron un compromiso político explícito, con el MAPU y el MIR. Joan Alsina (fusilado el 19-9-73) desechó hacerlo, como cuenta en su correspondencia, y optó por militar en la Central Única de Trabajadores.
3. Precisamente, una de las singularidades de la revolución chilena fue la participación de amplios sectores cristianos. El compromiso con la construcción del socialismo de muchos sacerdotes y creyentes se articuló a través de grupos como los de Los Ochenta sacerdotes, Los 200 sacerdotes o el movimiento de Cristianos por el Socialismo. Aunque Jesús Rodríguez no perteneció oficialmente a ninguno de ellos, sí trabajó con muchos de sus miembros en su condición de asesor de la Juventud Obrera Cristiana y del Movimiento Obrero de Acción Católica. Su talante abierto y conciliador intentó limar las crecientes diferencias que enfrentaban a los partidarios de la Unidad Popular y del Partido Demócrata Cristiano en las poblaciones donde trabajaba.
4. El libro de Jesús nos ofrece también un testimonio valioso, como decía, sobre el trabajo de amplios sectores de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Un compromiso que para la historia se condensa en el excepcional trabajo del ecuménico Comité de Cooperación para la Paz y de su sucesora, desde el 1 de enero de 1976: la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.
5. Un sacerdote junto al pueblo, la voz de Jesús, también nos cuenta el enorme camino que queda por recorrer en Chile para superar la injusticia que sembró la dictadura. Jesús nos habla de unas poblaciones en las que hoy aún reina la injusticia. Aunque él no habla de ello, desde mi punto de vista, la superación del paradigma neoliberal, la elaboración democrática de una nueva Constitución, la renacionalización de la gran minería del cobre, la satisfacción de las demandas históricas del pueblo mapuche (justicia, autonomía y territorio), la construcción de un nuevo proyecto de país en definitiva, son parte de los grandes desafíos. En una coyuntura condicionada por las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de diciembre, en las que por primera vez la derecha, que apoyó la dictadura e hizo grandes negocios bajo su amparo e impunidad, tiene grandes posibilidades de llegar a La Moneda.
En definitiva, estamos ante un libro que nos habla de un sacerdote que trabaja desde hace casi medio siglo junto al pueblo, de un hombre que, como escribió Pablo Neruda (de cuya muerte se cumplieron el miércoles 36 años), tiene un “compromiso de sangre” con el pueblo chileno.
Un sacerdote junto al pueblo es un testimonio valioso y necesario para todos aquellos, marxistas o cristianos, que hoy anhelamos transformar el mundo y que tenemos que volver a unirnos para ello.
Comunicado del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado
Llamamiento para luchar por "la refundación" de Honduras
Rubén Nieto
TerceraInformación
La dictadura hondureña, liderada por el criminal Roberto Micheletti estableció el pasado domingo un estado de sitio que durará noventa días en los que los derechos de libertad de expresión, comunicación, reunión y tránsito entro otros han sido suspendidos.
Las fuerzas represivas tienen permiso para detener a quién ejerza estos derechos durante los próximos días y ya en cumplimiento de esta afrenta democrática los únicos medios de comunicación independiente, Radio Globo y Canal 36 han sido cerrados y sus equipos de transmisión secuestrados.
El trabajador del periódico El Libertador, Delmer Membreño recibió una burtal paliza, vió como su cuerpo fue quemado con cigarrillos, le quitaron su equipo de trabajo y le dejaron libre en las afueras de Tegucigapa para que le dijera al director de El Libertador que lo van a asesinar, según informan por internet algunos medios de comunicación digitales hondureños.
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado mediante un comunicado, ha confirmado hace unas horas que seguirá en la lucha por "la refundación" de Honduras.
A continuación, por compromiso con el pueblo de Honduras, sus legítimos representantes y en apoyo a la petición que el Frente ha hecho para romper el cerco mediático, reproducimos íntegro el comunicado.
FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO
El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, comunica al pueblo hondureño y a la comunidad internacional:
1. Que amparados en el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras, condenamos, rechazamos e ignoramos la totalidad del decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, divulgado en cadena nacional el día lunes 27 de septiembre de 2009 por el régimen de facto de Honduras, mediante el cual intentan restringir las garantías constitucionales de la población hondureña en resistencia, durante un período de 45 días, siendo esto una demostración más de las violaciones a derechos humanos perpetrados por la dictadura encabezada por Roberto Micheletti y sostenida por el ejército y la policía nacional, con el financiamiento de la derecha empresarial.
2. Que condenamos y rechazamos enérgicamente el cobarde asalto armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de Cholusat-Sur Canal 36 y Radio Globo, medios de comunicación independientes que han acompañado la lucha popular contra el golpe de Estado, divulgando nacional e internacionalmente los hechos nefastos acaecidos en este período oscuro de la historia nacional, por lo cual declaramos nuestra solidaridad y apoyo en todas las formas posibles a nuestro alcance.
3. Que exhortamos al digno pueblo hondureño en Resistencia a no dejarnos atemorizar por las acciones ilegales del régimen golpista, que intenta a toda costa paralizar la lucha popular para consolidarse en el poder y continuar con el desprecio, explotación y humillación a que nos han tenido sometidos.
4. Que renovamos nuestro compromiso de mantener la lucha popular, hasta lograr la refundación de Honduras como país en ruta hacia la liberación de las oligarquías que han oprimido históricamente al pueblo hondureño.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article10237
“Las privatizaciones y los TLC volvieron la economía de Chile más vulnerable”
25 de septiembre de 2009
Entrevista al economista chileno Orlando Caputo
Sébastien Brulez
Temas de Venezuela.
Señalada por los defensores del libre mercado como el modelo a seguir para el continente, la economía chilena ha sido sin embargo una de las primeras en sufrir los efectos de la crisis mundial; poniendo así al desnudo el mito de la “izquierda responsable y progresista” que estadounidenses y europeos pretenden imponer frente al giro de América Latina hacia opciones transformadoras.
Para el economista chileno Orlando Caputo, la apertura económica y los TLC hicieron que la economía del país andino fuera más afectada por la crisis. Caputo es miembro del grupo de trabajo de Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales del Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se desempeñó como gerente general de Codelco (Corporación Nacional del Cobre). Después del golpe militar se exilió durante 17 años a México, donde impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los ideólogos del capitalismo presentan la economía chilena como un ejemplo para nuestro continente. ¿Qué impactos ha tenido la crisis mundial sobre ella?
La economía chilena presentaba un agotamiento relativo previo a la crisis actual. De hecho, entre las grandes economías de América Latina, Chile y México han sido las de menor crecimiento en los últimos años. Además, la apertura de la economía chilena y los Tratados de Libre Comercio (TLC) permiten que los impactos de la crisis se transmitan en forma acelerada hacia Chile.
Si medimos las variaciones del Producto Interior Bruto (PIB) en Chile como en los países desarrollados (es decir, con relación al trimestre inmediatamente anterior), la economía chilena entró en recesión a partir del tercer trimestre de 2008, con disminuciones de la producción en el tercer y cuarto trimestres. Estudios de Merrill Lynch (consultora norteamericana) no sólo confirman que Chile entró en recesión, ¡sino que fue el primer país de la región en esta situación!
En la misma época, los Fondos de Pensiones de los trabajadores (acumulados por décadas e invertidos en gran parte en las Bolsas de Chile y de otros países, particularmente Estados Unidos) habían perdido cerca de 37 mil millones de dólares con relación al valor de diciembre de 2007. Esto equivale a una pérdida de 33,3% del valor global de estos fondos.
Además de esto, las pérdidas anualizadas por la caída del precio del cobre en el cuarto trimestre de 2008 se estiman en 25 mil millones de dólares. El cobre, principal riqueza básica del país, representa más del 60% de las exportaciones globales chilenas en los últimos años.
La suma de ambas pérdidas equivale a cerca del 50 por ciento del PIB chileno y a cerca de seis veces el PIB anual de Bolivia. El impacto en la sociedad chilena y en los indicadores macroeconómicos (consumo, inversión y producción) fueron muy drásticos y el desempleo creció aceleradamente. Todo esto está relacionado con los elementos centrales del neoliberalismo y de los TLC: la flexibilidad laboral y las reformas a la legislación laboral; la libre circulación del dinero y del capital; la privatización y desnacionalización del cobre, así como la transformación del sistema previsional.
En 1971, el gobierno del presidente Allende había nacionalizado el cobre, reinvirtiendo estos recursos en el desarrollo social y productivo del país. ¿Qué queda hoy de esa medida?
Bajo la política de nacionalización impulsada por Salvador Allende, el Estado (a través de Coldelco) controlaba cerca del 100% de la producción de cobre. Hoy en día esta cifra alcanza apenas el 26,2%. Con la dictadura se restauraron las bases del capitalismo y el incremento de la tasa de ganancias. Esto se hizo, entre otros aspectos, a través del aumento de la explotación de los trabajadores; la privatización de empresas y el desarrollo del capitalismo en el campo.
Por otra parte, el neoliberalismo ha profundizado el carácter primario exportador de la economía chilena y aumentó su dependencia y vulnerabilidad. En varios documentos hemos denunciado la desnacionalización del cobre, los grandes beneficios y remesas de las mineras mundiales en Chile. Hemos tenido presente que la desnacionalización del cobre es anticonstitucional, ya que la Constitución chilena señala categóricamente que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.
¿Cómo explica los bajos precios del cobre y qué impacto tienen sobre la economía chilena?
De 1996 a 2003 se produjo una fuerte disminución del precio del cobre por la sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales mineras. Con los precios bajos, abastecen a sus empresas asociadas en otros países que funden, refinan y manufacturan el cobre. Por otra parte, las industrias de la construcción y de la automotriz usan intensamente el cobre a escala mundial. Ambas, claves en la crisis actual junto a la disminución de la demanda de China, provocaron una caída importante de los precios.
Las mineras se han beneficiado con períodos de bajos precios causando graves daños a Chile y son las más beneficiadas con los períodos de precios elevados. Éstos se incrementaron a partir de septiembre de 2003, por el ajuste de la oferta y por el incremento adicional de la demanda China. El impacto en las remesas de ganancias e intereses de las inversiones extranjeras se manifestó de inmediato con fuertes incrementos de ellas. Las remesas totales en 2006 fueron superiores a 25.000 millones de dólares, de los cuales se estima que 20.000 millones han sido remesados por las grandes mineras mundiales que controlan el cobre chileno. Estas ganancias han llegado a ser tan elevadas que superan el valor de las inversiones extranjeras realizadas en la minería chilena desde 1974 a 2006, que fueron 19.900 millones de dólares.
"Tanto en dictadura como en las llamadas democracias, los derechos del pueblo mapuche han sido violentados"
Declaracion de Víctor Ancalaf ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Rebelión
Consejo de Derechos Humanos
Naciones Unidas
12º Período de Sesiones
14 de septiembre al 2 de octubre, 2009
Ginebra, Suiza
Tema 3 de la Agenda: Derecho al Desarrollo
Asociación Internacional Contra la Tortura
Sr. Presidente:
Mi nombre es Víctor Ancalaf Llaupe ex preso político mapuche condenado por la ley antiterrorista a cinco años y un día por presunción de delitos terroristas. A pesar de haber cumplido una injusta condena en enero de 2007, sigo siendo vigilado por los servicios represivos del Estado chileno y amenazado de muerte por el comando paramilitar Trizano, significando en los hechos un amedrentamiento continuo para mi persona y familia. Incluso mis hijos menores de edad han sido amenazados recientemente, en nuestra propia vivienda.
A lo largo de las demandas históricas de nuestro pueblo, hemos sido fuertemente reprimidos, golpeados, torturados, asesinados y encarcelados en la lucha por la recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo sostenible, desde la cosmovisión como pueblo originario que permita la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida.
La aplicación de leyes represivas, en particular aquellas introducidas durante la Dictadura Militar, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, da rienda suelta a detenciones, allanamientos de propiedad y procesos irregulares que han sido reiteradamente denunciadas en este foro. La represión ha significado la militarización de la Araucanía (territorio ancestral mapuche) cuyo resultado ha producido, en los últimos seis años, seis comuneros mapuches asesinados.
Tanto en dictadura como en las llamadas democracias, los derechos humanos del pueblo mapuche han sido sistemáticamente violentados, a pesar que las leyes chilenas indican que es deber del Estado en particular proteger y promover el apropiado desarrollo de los pueblos originarios.
En representación de mi comunidad, exhorto a los organismos competentes de este Consejo a tomar las medidas necesarias para que Chile respete, según las normas internacionales, los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo mapuche, optando por una solución política a las justas demandas de nuestro pueblo y no por la criminalización de nuestros derechos.
Muchas gracias Sr. Presidente
Víctor Ancalaf Llaupe
Werken Mapuche
Comunidad Choin Lafkenche
patrawua@gmail.com
ABC y El País, dos maneras de apoyar el golpe en Honduras
La prensa española y la crisis de Honduras
Rebelión
Habitualmente se etiqueta al diario ABC de conservador y a El País de progresista. En la forma esto supone unas diferencias sensibles, pero el fondo, sobre todo en política internacional, es esencialmente el mismo. El caso de Honduras ilustra a la perfección esta coincidencia de intereses.
Antes de comparar los últimos editoriales que ambos periódicos han publicado sobre el tema (23/09/09), conviene dejar claro un principio sobre lo que significa apoyar un golpe de estado. Esto no es únicamente la declaración explícita de tal apoyo, cosa muy rara en nuestros “democráticos” medios de comunicación, sino fundamentalmente la renuncia a revertir el golpe por algún medio factible. De este modo, cualquier pseudoiniciativa para devolver el poder al gobierno legítimo que pase por una “hoja de ruta” imposible supone, a todos los efectos, el apoyo al gobierno golpista. En este punto es donde encontraremos las mayores diferencias, insisto en que sólo de estilo, entre ABC y El País.
Sobre la llamada “solución dialogada” en Honduras lo primero que debe decirse es que es absurda, y por tanto no puede ser solución. En efecto, si las diferencias entre las dos partes podían resolverse con un diálogo libre y sin coacciones, no se habría recurrido a una medida de fuerza como el golpe de estado. Y si el diálogo sólo funciona tras amenazas y presiones entonces no es una solución dialogada sino una capitulación. El problema es que las presiones de los países más poderosos, en especial Estados Unidos, han sido tan calculadamente tibias que el gobierno golpista se ha sentido suficientemente fuerte como para aguantar hasta la farsa electoral de noviembre.
En el editorial del ABC estos hechos se interpretan diciendo que “cualquier solución dialogada al conflicto interno es una quimera”, así que “la cita electoral convocada el 29 de noviembre” es la “única salida airosa y pragmática”.
En cambio, El País declara que “ha llegado el momento de volver a una versión revisada del plan del presidente de Costa Rica”, que “contemplaba en julio que el jefe de Estado depuesto regresara a la presidencia con poderes reducidos”. Finalmente añade El País que “unas elecciones presidenciales adelantadas sentenciarían la situación.”
Por tanto, la única diferencia real es que El País apoya una pantomima en la que Zelaya volvería formalmente al poder pero sin poder hacer nada, esperando unas semanas hasta la “sentencia” electoral. En ambos casos se apoya el objetivo principal del golpe, que era impedir la consulta popular para cambiar la Constitución, algo que un presidente con “poderes reducidos” no podría hacer.
A partir de aquí, el apoyo descarado de ABC a los golpistas debe legitimarse más fuertemente con su propio discurso. Lo primero es no reconocer que hubo un golpe de estado, presentando a Micheletti como “acusado de impulsar un golpe de Estado”, como si fuera un tema controvertido. Lo segundo es dotar a los golpistas de legitimidad, señalando que Micheletti está “respaldado de las instituciones”. Además,
“Ninguna institución democrática del país -las mismas que Zelaya había utilizado para preparar el terreno y perpetuarse en el poder importando a Honduras los abusos cometidos en Venezuela, Bolivia o Nicaragua- se rebeló contra su expulsión y ninguna ha exigido su retorno”.
Siguiendo la habitual propaganda sobre este tema, se defiende a unas instituciones “democráticas” que expulsaron violentamente a Zelaya del país para supuestamente evitar que se convirtiera en un dictador. Es una inversión total de la realidad que sólo puede tener sentido para quien acepte acríticamente las informaciones falsas que difunden estos medios (1)
La táctica de El País es algo distinta, presentando la situación reciente en Honduras como de una plácida vuelta a la “normalidad” al calor del gobierno golpista, que ahora Zelaya ha complicado,
“La inesperada reaparición en Tegucigalpa del depuesto presidente de Honduras, tras casi tres meses de exilio, ha sacado bruscamente de su adormecimiento la crisis política del país centroamericano.”
“Crisis adormecida” es una contradicción en sus términos, pues una crisis política implica tensión; si hay adormecimiento, no hay crisis sino la aceptación resignada de los hechos consumados. Lo que realmente ocurre es que sí ha habido adormecimiento, pero sólo mediático y para los adormecidos lectores de El País, porque la resistencia hondureña no ha dejado de actuar a lo largo de los casi tres meses transcurridos desde el golpe de estado (2). Ahora, con su cinismo habitual, El País asegura que “nada hay más importante ahora en Honduras que evitar el derramamiento de sangre”, como si los golpistas fueran unos angelitos de la caridad y no hubieran matado, torturado, reprimido y detenido a mansalva. (3)
Este falso discurso pacifista, tan hipócrita y selectivo, revela además el ideario antidemocrático de esta prensa,
“Si el golpe de Estado de junio fue absolutamente condenable, igualmente lo sería intentar darle la vuelta mediante la violencia. La dividida Honduras no tiene en estos momentos otra salida mejor que una mediación cualificada, preferentemente regional.”
Resumiendo, para El País el pueblo hondureño no tiene derecho a decidir cómo encarar su situación, no está “cualificado” para hacerlo. Por supuesto que no es cuestión de promover, desde fuera de Honduras, una acción violenta para echar a los golpistas, pero sí de reconocer la legitimidad de los hondureños para combatir la dictadura como crean conveniente. Porque los medios ignoran la violencia que implica el mantenimiento de la actual dictadura e ignoran la violencia que perpetúa un sistema donde la mayoría de la población está condenada a vivir en la miseria. Y lo que se ignora no se puede condenar.
Notas:
(1) http://www.rebelion.org/docs/89802.pdf
(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=91786
(3) http://observatorio-lacrisismundial.org/images/stories/utpba3/pdfs/DossierHonduras.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92033
2050: un tercio más de bocas que alimentar
El ciudadano
La producción alimentaria tendrá que incrementarse en un 70 por ciento, según un foro convocado por la FAO para octubre en Roma.
Producir un 70 por ciento más de alimentos para 2 300 millones de personas adicionales de aquí a 2050, al tiempo que se combate el hambre y la pobreza, se usan de forma más eficiente los escasos recursos naturales y adaptarse al cambio climático, serán los principales retos de la agricultura mundial en las próximas décadas, según documentos de debate de la FAO dados a conocer hoy.
La Organización de la ONU organizará un Foro de Expertos de Alto Nivel en Roma los próximos 12-13 de octubre para discutir estrategias sobre “cómo alimentar al mundo en 2050″. El Foro reunirá a cerca de 300 expertos del sector académico, privado y de ONGs de países desarrollados y en desarrollo. Servirá para preparar el terreno para la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, que tendrá lugar en Roma entre el 16 y 18 de noviembre de 2009.
OPTIMISMO MODERADO
“La FAO es moderadamente optimista sobre el potencial del planeta para alimentarse a sí mismo en 2050, aseguró el Director Adjunto de la FAO Hafez Ghanem. Sin embargo apuntó que poder alimentar entonces a toda la población mundial no se logrará de forma automática, y que antes tendrán que superarse dificultades importantes.
Segun Ghanem, es necesario un marco socioeconómico adecuado para hacer frente a los desequilibrios y desigualdades y garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita y que la producción alimentaria se realiza de forma que se reduce la pobreza y se tienen en cuenta las limitaciones de los recursos naturales. Las proyecciones a nivel mundial muestran que, además de las inversiones previstas en agricultura, son necesarias más inversiones de peso para mejorar el acceso a los alimentos. En caso contrario cerca de 370 millones de personas pueden seguir sufriendo hambre en 2050, casi un cinco por ciento de la población mundial.
Según los últimos cálculos de la ONU, la población mundial pasará de los 6 800 millones de personas de hoy a 9 100 millones en 2050: un tercio más de bocas que alimentar. Casi todo el incremento demográfico tendrá lugar en los países en desarrollo. El crecimiento más rápido de la población será en África subsahariana (un 108 por ciento, con 910 millones de personas) mientras que el crecimiento más lento se producirá en Asia oriental y el Sudeste asiático (un 11 por ciento, con 228 millones de personas).
Cerca del 70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades o áreas urbanas en 2050, comparado con el 49 por ciento que lo hace en la actualidad.
DEMANDA DE ALIMENTOS
Se espera que la demanda de alimentos continúe creciendo como resultado del incremento demográfico y el aumento de los ingresos. La demanda de cereales (como alimentos y como piensos para animales) se cree alcanzará 3 000 millones de toneladas en 2050. La producción anual de cereales tendrá que crecer en casi 1 000 millones de toneladas (hoy es de 2 100 millones) y la producción de carne en más de 200 millones de toneladas, para alcanzar 470 millones en 2050. El 72 por ciento de la producción cárnica será para el consumo en los países en desarrollo, que hoy en día consumen tan solo el 58 por ciento.
La producción de biocombustibles podría también aumentar la demanda de productos básicos agrícolas, en función de los precios de la energía y las políticas gubernamentales.
TIERRA
A pesar que el 90 por ciento del crecimiento en la producción agrícola está previsto proceder de un aumento del rendimiento y la intensificación de los cultivos, la tierra cultivable tendrá que ampliarse en cerca de 120 millones de hectáreas en los países en desarrollo, sobre todo en África subsahariana y Latinoamérica. Según las previsiones, la tierra cultivable en los países desarrollados disminuirá en unos 50 millones de hectáreas, aunque esta cifra podría variar en función de la demanda de biocombustibles.
A nivel mundial existe todavía suficiente tierra disponible para alimentar a la futura población mundial. La FAO advierte que, no obstante, gran parte de esta tierra potencial tan solo es adecuada para pocos cultivos -no necesariamente aquellos con mayor demanda- y se concentra en unos pocos países.
Gran parte de la tierra que hoy permanece inutilizada sufre de limitaciones químicas y físicas, enfermedades endémicas y falta de infraestructuras que no pueden solucionarse fácilmente. Por lo tanto se necesitarían importantes inversiones para ponerlas en producción. Parte de esas tierras están cubiertas de bosques o sujetas a la expansión de los núcleos urbanos. Una serie de países, en particular en Oriente medio/Norte de África y Asia meridional han alcanzado o están a punto de alcanzar los límites de tierras disponibles.
AGUA
El consumo de agua para la agricultura de regadío está previsto crezca a un ritmo menor debido a la disminución de la demanda y un uso más eficiente del agua, pero aún así se incrementará en cerca del 11 por ciento para 2050. A nivel mundial, los recursos de agua dulce son suficientes, pero están distribuidos de una forma muy desigual y la escasez de agua alcanzará niveles alarmantes en un número creciente de países o regiones dentro de esos países, en particular en Oriente medio, el Norte de África y Asia meridional. Utilizar menos agua, y al mismo tiempo producir más alimentos, será la clave para hacer frente a la escasez del líquido elemento. Esta escasez podría agravarse por los cambios en el régimen de lluvias resultantes del cambio climático.
RENDIMIENTO POTENCIAL
De todas formas, el potencial para aumentar el rendimiento de los cultivos y alimentar a la creciente población mundial parece ser considerable. Según la FAO:”si se dispone de los incentivos socioeconómicos adecuados, existen todavía numerosas brechas en el rendimiento que son ‘salvables’ (es decir, diferencias entre el rendimiento que se puede alcanzar a nivel agroecológico y el nivel actual) que pueden explotarse. El temor a que los rendimientos hayan alcanzado su techo no parece justificado, excepto en circunstancias muy especiales”.
MENOS VÍCTIMAS DEL HAMBRE
La FAO ha solicitado intervenciones más contundentes para progresar más rápido hacia la reducción y eliminación final del hambre y la pobreza. Las inversiones en agricultura deben ser una prioridad absoluta y deben incrementarse en cerca del 60 por ciento, ya que este sector no solamente produce alimentos, sino que también es fuente de ingresos y de medios de subsistencia rurales.
La reducción de la pobreza requiere igualmente inversiones en infraestructura rural (carreteras, puertos, energía, almacenes y sistemas de irrigación), inversiones en instituciones, investigación y servicios de extensión agraria, títulos y derechos de propiedad, gestión de riesgos, sistemas de control veterinario y de la inocuidad de los alimentos, e inversiones no agrícolas que incluyan redes de seguridad alimentaria y transferencias de dinero a los más necesitados.
Sin desarrollo e inversiones en las zonas rurales en los países pobres, la penuria y las desigualdades seguirán estando muy extendidas, aunque bastante menos que hoy en día, según la FAO.
