Obama firma una ley para militarizar la frontera entre Estados Unidos y México

Bill Van Auken
World Socialist Web Site




El pasado viernes el presidente Barack Obama firmó una ley que militarizará aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Esto incluye el despliegue de aviones drone sin piloto Predator, como los utilizados en Afganistán y Pakistán, para llevar a cabo la vigilancia contra los emigrantes que cruzan la frontera.
Obama firmó la cuenta por valor de 600 millones de dólares sin hacer comentario alguno. Anteriormente, la administración y quienes la apoyan habían afirmado que las medidas enérgicas en la frontera eran un paso previo necesario de una reforma total de la emigración a incluir una vía al estatuto legal para los trabajadores indocumentados.

El silencio del presidente respecto a cualquier vía hacia la legalización no hace sino poner de relieve que la legislación de la frontera forma parte de un giro a la derecha en el periodo previo a las elecciones de mitad del periodo del gobierno en 2010. El Partido Demócrata se prepara para competir con los Republicanos en convertir a los emigrantes en chivos expiatorios vangloriándose de su récord de persecución policial de una de las secciones más explotadas de la clase trabajadora estadounidense.

Unas declaraciones de la Casa Blanca afirmaban que la legislación, la Ley de seguridad en la frontera sudoeste, destinaría 600 millones de dólares para “mejorar la tecnología en la frontera, compartir información y apoyo con el Estado, hacer cumplir la legislación local y tribal e incrementar la presencia (federal) y las actividades para hacer cumplir la ley en la frontera”.

Añadía que la ley proporcionará “más cantidad de agentes, investigadores y fiscales como parte de la campaña múltiple en contra de las redes ilícitas de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero”.

La ley contratará a 1.000 agentes más de la Patrulla de Fronteras para que se desplieguen a lo largo de la frontera sudoeste. Con 20.000 agentes, esta Patrulla de la Frontera ya ha doblado su número desde 2005. El gobierno también a contratado a 250 nuevos agentes de Protección de Aduanas y Frontera y a 250 miembros del personal del Departamento de Emigración y Aduanas.

La legislación destina 32 millones de dólares para el despliegue de más aviones drone Predator para llevar a cabo vuelos de espionaje a lo largo de la frontera. Se destinará una cantidad de dinero adicional a establecer bases estilo militar en la zona de la frontera y a asistir a las agencias de policía local.

El gobierno de Obama ya ha destinado a la frontera entre Estados Unidos y México a 1.500 agentes de la Guardia Nacional. Todas estas unidades deberán estar en sus destinos en las próximas semanas.

Una declaración escrita firmada por Obama y publicada el jueves, después de que el Senado aprobara la legislación en una sesión extraordinaria, hacía hincapié en las medidas enérgicas en la frontera al tiempo que no hacía mención alguna a la normalización del estatuto de aproximadamente 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados que se enfrentan a unas condiciones de superexplotación y de represión dentro de Estados Unidos.

A principios de esta semana el director del Departamento de Emigración y Aduanas del gobierno, John Morton, negó vehementemente los informes sobre planes de una amnistía a gran escala para los indocumentados. Grupos de derecha denunciaron al gobierno después de que se filtrara un memorandum interno que supuestamente contemplaba la posibilidad de conceder un aplazamiento de la deportación a categorías limitadas de inmigrantes.

“El presidente no apoya la amnistía, [el secretario de Seguridad Nacional] no apoya la amnistía y yo no apoyo la amnistía”, afirmó Morton en unas declaraciones a Fox News. Prometió que su agencia duplicaría los esfuerzos para aumentar las deportaciones. “No hay ningún gobierno en la historia de este país que haya expulsado a más personas de Estados Unidos”, afirmó.

En su declaración Obama se vanaglorió de haber convertido “el asegurar la frontera sudoeste en una máxima prioridad desde que asumí el cargo”. Afirmó que la nueva ley “fortalecerá nuestros esfuerzos con éxito para proteger a las comunidades a lo largo de la frontera sudoeste y en todo el país”.

Al tiempo que prometía “trabajar con el Congreso para una reforma de la inmigración exhaustiva y bipartidista”, la declaración afirmaba que el propósito de esta legislación sería “asegurar nuestras fronteras y restablecer la responsabilidad de nuestro maltrecho sistema de inmigración”.

Ha desaparecido toda referencia incluso a las medidas punitivas que se incluían en una vía que se había presentado para [otorgar] la residencia legal para los inmigrantes ilegales presentada a principios de este año. La propuesta bipartidista exigiría que estos inmigrantes confiesen sus crímenes a inmigración, paguen una multa y “se vuelvan a poner al final del cola” de aquellos que solicitan un estatuto legal.

La secretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano, compareció el viernes en la Casa Blanca para elogiar la nueva legislación sobre la frontera por proporcionar “recursos permanentes” para hacer cumplir la ley y calificó esta campaña de “cuestión de seguridad nacional”.

Mientras que Napolitano hacía una breve referencia a la “reforma de la inmigración” no indicaba un calendario para la promulgación de dicha legislación y afirmaba que la cuestión estaba “en manos del Congreso”. En otras palabras, habiendo incumplido una promesa electoral de presionar por una reforma electoral durante su primer año de gobierno, la Casa Blanca de Obama está dejando claro que no hará nada para llevar adelante la normalización del estatuto de los indocumentados. En vez de ello, se está uniendo a la derecha republicana en un intento de fomentar un chovinismo en contra de los inmigrantes con una campaña para convencer a la opinión pública de que los inmigrantes son responsables del aumento de la criminalidad, de la desaparición de empleos y de las amenazas a la “seguridad nacional”.

La ley se aprobó en una condiciones extraordinarias, en sendas sesiones especiales tanto del Senado como del Congreso. En el caso del Senado se trataba de la segunda vez que se celebraba una sesión especial durante el receso de agosto desde que se formalizó el periodo de vacaciones en 1970. La otra ocasión fue en respuesta al huracán Katrina en 2005. Una vez asegurado el consenso tanto de los demócratas como de los republicanos, el formalismo de la votación se llevó a cabo con la presencia de sólo dos senadores.

El hecho de representar el cumplimiento de la ley de inmigración como una especie de crisis nacional se basa completamente en una propaganda de la derecha en contra de la inmigración fomentada por el Partido Republicano y secundada por los demócratas.

La reciente aprobación de una legislación en contra de los inmigrantes en Arizona (declarada inconstitucional por un tribunal federal la semana pasada) ha ido seguida de una propuesta presentada esta semana en Florida de una ley estatal aún más reaccionaria. Como su homóloga de Arizona, la ley de Florida ordenaría al personal encargado de cumplir la legislación nacional investigar el estatuto de inmigración de los residentes del estado [de Florida] cuando exista una “sospecha razonable” de que son indocumentados.

En un intento de superar a un rival incluso más de derecha para la nominación republicana a gobernador, la legislación propuesta por el Fiscal General del estado de Florida Bill McCollum impondría penas de 20 días de prisión incluso a extranjeros residentes legales si son sorprendidos sin llevar documentos. También autorizaría a los jueces a imponer penas más duras a los inmigrantes que a los ciudadanos.

Las afirmaciones de que estas medidas se justifican por una oleada de crímenes debidos a la inmigración, lo cual es la especialidad de políticos republicanos como el gobernador de Arizona Jan Brewer, no tienen base objetiva alguna. La propia Arizona ha visto cómo el índice de criminalidad bajaba un 12% el año pasado y entre 2004 y 2008 un 23%, a pesar de haber aumentado su población inmigrante.

Y según las cifras del FBI, las cuatro ciudades estadounidenses con poblaciones superiores a los 500.000 habitantes que tuvieron los índices más bajos de crímenes violentos —San Diego, California, Phoenix, Arizona y las ciudades de Texas de El Paso y Austin—están todas en los estados fronterizos a los que ahora Washington trata ahora como el escenario de una emergencia nacional.

Existe un intento deliberado en ambos partidos, ayudados por los medios de comunicación, de asociar a los inmigrantes con el crimen, el tráfico de drogas y la actual guerra entre el ejército mexicano y los cárteles de la droga. Niegan la realidad esencial: que las intolerables condiciones económicas y sociales creadas por los bancos y corporaciones transnacionales que subordinan todo al beneficio están empujando a millones de personas de todo el mundo a dejar sus hogares.

Obama está superando al gobierno Bush en la brutalidad de las medidas enérgicas por parte del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) contra inmigrantes indocumentados. Según unas cifras del ICE recientemente publicadas, durante los primeros nueve meses del actual año fiscal el gobierno estadounidense deportó a 279.035 personas. Esto representa un ascenso del 10% en comparación con el mismo periodo para el año fiscal 2008, el ultimo año fiscal completo del gobierno Bush. La cantidad de personas deportadas es aproximadamente el doble que hace cinco años.

Mientras que el gobierno Obama había afirmado que el objetivo de su campaña eran los llamados “extranjeros criminales”, las cifras del ICE revelan que sólo el 17% de los deportados estaban acusado de crímenes graves. Más de la mitad (el 51%) no tenían antecedentes criminales, mientras que el resto habían sido acusados de crímenes menores.

Destacados republicanos rechazan la nueva legislación represiva respaldada por Obama y los demócratas del Congreso al considerarla insuficiente, e insisten en que se despliegue mucho más personal y recursos en la frontera combinado con unas medidas aún más draconianas contra los millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. El debate oficial sobre la inmigración se mueve inexorablemente aún más a la derecha.

A algunos trabajadores inmigrantes se les arranca de sus familias, que a menudo incluye un cónyuge o hijos que son ciudadanos estadounidenses. Los trabajadores indocumentados también dudan en viajar a sus países para visitar a sus familiares por temor a ser arrestados en un aeropuerto estadounidense y a la subsiguiente deportación. Estas tragedias humanas son cuestiones que dejan indiferentes a los dos grandes partidos de los negocios.

Toda la clase dirigente política trata más bien de fomentar y explotar el chovinismo en contra de los emigrantes como un medio de desviar la creciente ira popular por un paro récord y por el descenso del nivel de vida del origen de ambos fenómenos, el sistema del beneficio.

Al mismo tiempo, el Estado policial y las medidas militarizas que se están empleando contra los inmigrantes supone un agrave amenaza contra los derechos democráticos de todas las secciones de la clase trabajadora. No hay razón para creer que los aviones drone que vuelan las zonas fronterizas del sudoeste de Estados Unidos se vayan a limitar a espiar a los inmigrantes. Muy podrían usarse para “asesinatos selectivos” al estilo de Afganistán. Verdaderamente entra dentro de las decisiones políticas posibles de una Casa Blanca que ya ha exigido el derecho a asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

La lucha para defender los derechos democráticos, el empleo, los salarios y las condiciones sociales de la clase trabajadora en Estados Unidos sólo se pueden emprender con éxito unificando a todos los sectores de la clase trabajadora (tanto los nacidos en el país como los inmigrantes) contra las políticas reaccionarias y pro capitalistas tanto de los demócratas como de los republicanos. Esta lucha debe incluir la defensa de los trabajadores inmigrantes contra las redadas, las deportaciones y la explotación por parte de los patrones. La clase trabajadora debe oponerse a la militarización de las fronteras estadounidenses y defender el derecho de los trabajadores de cualquier país a vivir y trabaja en la tierra que ellos elijan.

Fuente: http://www.wsws.org/articles/2010/aug2010/immi-a14.shtml

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El acuerdo por la inmunidad entre el Partido Pirata sueco y WikiLeaks en manos de los votantes

David Ballota
Nación Red


El Partido Pirata sueco será la posada inmune de WikiLeaks, siempre y cuando consigan representación en las inminentes elecciones del 19 de septiembre. De esta manera quedaría garantizada la inmunidad de la web de WikiLeaks al hacer uso de la propia inmunidad de la web del Parlamento sueco.

Rick Falkvinge, el líder del Partido Pirata sueco ha manifestado que esta es la manera de ayudar a WikiLeaks en su “esfuerzo democrático”. Julian Assange que se ha “desplazado” hasta Estocolmo para agradecer la iniciativa de los piratas suecos ha expresado su deseo de que el nuevo Parlamento sueco fortalezca todavía más la legislación dirigida a proteger la libertad de la prensa. Para Assange, las democracias occidentales “no son siempre tan libres como se podría pensar” y la libertad de la prensa requiere una “vigilancia constante”.

Según los dirigentes del Partido Pirata sueco, la organización WikiLeaks está bajo constante amenaza de ser saboteada por “organizaciones corruptas” que tratan de ocultar la verdad al público. Quizá por eso la firma del acuerdo, de gran alcance, se ha hecho en el discreto pero “democrático” espacio de una cafetería. Alejados de todo protocolo institucional. Simbolicamente del lado de la gente.

Según el acuerdo el Partido Pirata proveerá de ancho de banda y de alojamiento gratuito en la web del Parlamento sueco. Todo como parte de una ambiciosa misión política que aspira a ayudar a “cambiar el mundo en lugar de pasarse la pelota como hacen el resto de partidos políticos”, en palabras de Rick Falkvinge.

http://www.nacionred.com/acceso-a-informacion/el-acuerdo-por-la-inmunidad-entre-el-partido-pirata-sueco-y-wikileaks-en-manos-de-los-votantes

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"Los brasileños me salvaron la vida"

Entrevista con Manuel Zelaya

Mercedes López San Miguel
Página12


Manuel “Mel” Zelaya es alto, muy alto –acusa 1,90–, viste traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. A primera vista le falta algo. Su sombrero, claro. Su sombrero lo acompañó por todas las peripecias que tuvo que vivir desde hace poco más de un año, cuando fue derrocado a punta de fusil mientras dormía en su casa de Tegucigalpa. Zelaya, el presidente legítimo de Honduras, dice que nunca abandona su sombrero, porque él es un hombre del área rural, donde todo el mundo lleva uno. Lo trajo a Buenos Aires, pero lo dejó en la habitación de este hotel en donde transcurre la entrevista. A lo largo de la charla con Página/12 no suelta por nada del mundo su Blackberry, su conexión con una parte de la familia que quedó en Honduras –sus hijos varones, sus hermanos, su madre–. La otra parte de la familia vive con él en República Dominicana –su mujer, Xiomara Castro, y sus dos hijas–. Zelaya viajó con su esposa a esta ciudad para participar del Foro de San Pablo y tiene varias audiencias pendientes, probablemente con la presidenta Cristina Fernández y otros políticos argentinos. Pero –aclara– acaba de llegar y la agenda está armándose.

¿Qué sintió en el momento en que le arrebataron el poder?

–Fue muy duro ver que alguien que empuñaba un arma irrumpiera por la fuerza en mi casa a las cinco de la mañana. En la puerta de entrada quedaron las marcas de los 67 disparos de armas de grueso calibre. Y fui sacado con ropa de cama, conducido para Costa Rica. En mi casa sólo estaba mi hija menor, que temió que los disparos fueran para mi humanidad. Fue un drama muy doloroso y triste. Un golpe de Estado es una ruptura de orden, del pacto social, es una tragedia. Desde ese momento el país vive una represión: asesinatos, detenciones, tortura. Después regresé a la sede diplomática de Brasil y fui sometido a todo tipo de vejámenes y hostigamiento.

Estuvo en la base militar de Palmerola y luego lo trasladaron a Costa Rica. ¿Cuál cree que fue el rol de Costa Rica en el golpe?

Me dio asilo inmediato. Después Nicaragua me otorgó protección y hoy vivo en República Dominicana.

¿Cómo fue vivir ese tiempo como refugiado en la embajada?

Estuve cinco meses en una pequeña oficina. Brasil me salvó la vida. Lula, Marco Aurelio (García) y Celso Amorim (N. de la R: El presidente de Brasil, su asesor en temas internacionales y su canciller) me salvaron la vida porque me dieron protección en momentos en que el ejército trataba de liquidarme.

¿Quién lo acompañaba?

El pueblo me rodeó. Más de 20.000 personas llegaron a la puerta en menos de dos horas cuando se supo que yo estaba en la embajada. Hubo una fuerte represión. Ahí murió Wendy Avila, una joven de la resistencia, asesinada por la dictadura. Hay más de 166 personas asesinadas también, más de 9.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, incluyendo 4.000 personas encarceladas y torturadas. Fueron asesinados más de siete periodistas en los primeros tres meses del gobierno de Lobo.

¿Cómo recuerda esos cinco meses adentro de la embajada?

Estuve aislado casi todo el tiempo. Se me bloqueaban las comunicaciones de celulares y el diálogo con mis familiares. Los domingos dejaban entrar a mi familia y sólo al grupo más reducido, cinco personas. Tuve problemas de alimentación al principio; también cortaron los servicios básicos. A ello se sumó que nos bombardeaban con ultrasonido que afectaba nuestras mentes. Una tortura. No podíamos ni salir a la ventana porque nos apuntaban con el láser de las pistolas.

¿Temió que lo mataran?

No tuve temor. Sabía que mi vida estaba en peligro. Me atreví a regresar a mi patria, a mi tierra, en pleno auge del golpe de Estado. Arriesgaba todo.

Desde que Micheletti encabezó el golpe, el 28 de junio de 2009, hubo denuncias de violaciones de los derechos humanos. ¿Algo cambió con la llegada al poder de Porfirio Lobo?

Empeoró. Empezaron los asesinatos más duros. Porque en Honduras una oligarquía sanguinaria ejerce el control de los medios de comunicación, de los bancos, de los medios de producción. Las principales cadenas de radio, televisión y prensa, con honrosas excepciones, son miembros de esa oligarquía, que hasta vende armas. Un golpe tiene diferentes fases que el Departamento de Estado norteamericano conoce de manual: la primera es la desestabilización y en ese proceso los medios juegan el papel principal de preparar el ambiente.

Y todo porque usted quería convocar un referéndum para que la gente decidiera si se instalaba una asamblea constituyente...

Ese fue el pretexto, fue el argumento mediático. Nosotros podemos demostrarlo después de un año del golpe, al hacernos eco de aquellas palabras de la Biblia, “por sus frutos los conoceréis”. Hasta que un árbol no echa el fruto no se sabe si está envenenado o si es dulce. Si quiere saber quién dio el golpe de Estado vea qué fruto dejaron: se beneficiaron las compañías petroleras norteamericanas, las transnacionales, los bancos; se rompió con todo el socialismo del sur al que yo me había asociado –el ALBA, con Hugo Chávez– y se derogaron todos los procesos de participación popular. Detrás del golpe están los halcones de Washington.

Desde un principio los hondureños se movilizaron contra el golpe y se formó un frente de la resistencia. ¿Por qué bajaron las movilizaciones? ¿Hay un cierto desgaste?

No. Estados Unidos apoyó al dictador (Roberto) Micheletti en todo. ¿Qué puede hacer un pequeño país como el nuestro frente al imperio? Tuvimos una agresión, una injerencia de Estados Unidos para blanquear el golpe.

¿Qué sucede hoy día con la resistencia? ¿Quiénes la componen?

Está organizada. Hay un debate de si se convierte en un proceso político electoral o si trabaja como una plataforma política de lucha. El debate no se ha resuelto. La componen los hondureños con conciencia, apolíticos; también hay una base política que es el Partido Liberal –que me llevó a la presidencia– y los miembros de organizaciones sociales, sindicatos, indígenas.

Salvo Nicaragua, el resto de los países centroamericanos aprueban la incorporación de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el regreso a la OEA. ¿Cómo lo interpreta?

La posición de los países demócratas de América es que Honduras debe volver a la comunidad internacional cuando Lobo esté dispuesto a cumplir condiciones de restablecer el orden democrático. Mientras siga la represión, Honduras no será reconocida. Pedimos que se cumplan esas condiciones.

¿Cómo evalúa la actuación de los países de Sudamérica? Recientemente Chile normalizó relaciones con Honduras.

Estamos muy complacidos de la posición de todos los países que condenaron el golpe. La condena fue unánime, pero el asunto de restaurar el orden estuvo dividido, una división que estuvo promovida por Estados Unidos. Países como Argentina son símbolos de la democracia latinoamericana. Igual que Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y Nicaragua. Estas naciones fueron fuertes en pedir la restauración de la democracia, que es un modo de proteger sus propias democracias.

¿Cuál es la salida para Honduras?

La restitución de la democracia y que el Poder Judicial sea independiente, que se puede dar en un proceso de diálogo y de reconciliación del país, sin olvidarse de que la impunidad no debe permanecer como un símbolo. El leit motiv es la refundación del país y una convocatoria a una constituyente.

¿Se imagina volviendo a su país?

Yo quiero volver, no quiero vivir afuera. El arraigo al clima, a la tierra. Vivir afuera es una tortura. Pero por ahora no puedo, tengo orden de captura. Mis verdugos siguen gobernando.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-151545-2010-08-18.html

rCR

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